Versión más reciente publicada en el Alcance n. 238 de La Gaceta n. 185 del 29 de setiembre del 2017.

Se indica que este proyecto de ley "tiene como objetivo tutelar el derecho humano a la alimentación, mediante la regulación del bien jurídico de la seguridad alimentaria y nutricional." En el artículo 12, inciso b) sobre el suministro de ayudas que permitan a las personas beneficiarias la posterior adquisición de alimentos, se menciona "viii) Los programas de capacitación de mujeres en condición de pobreza, ejecutados y financiados por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA); así como el incentivo económico que se brinda a quienes participan en dichos programas, en aplicación de los artículos 7 y 8 de la Ley para la Atención de Mujeres en Condición de Pobreza, N.º 7769 de 24 de abril de 1998." Se hace mención además al financiamiento del establecimiento y mantenimiento de albergues para el tratamiento de las mujeres drogadictas, en las provincias de Limón y Puntarenas; al apoyo, capacitación y seguimiento de las actividades e iniciativas microempresariales que beneficien a las mujeres y a las familias en condiciones de pobreza, por parte de un fideicomiso constituido por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); a la integración de las mujeres adultas de zonas rurales en Clubes 4-S. Por otra parte en la Conformación del Comité Ciudadano de Control de la Seguridad Alimentaria y Nutricional se nombra a una "representante de las mujeres, nombrada por el Foro de las Mujeres, creado en el artículo 21 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres". Entre las personas representantes de la sociedad civil se nombra una representante de las organizaciones de mujeres cantonales.